SANTO DOMINGO, Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, opina que en la República Dominicana “la reelección presidencial arrasó con la institucionalidad democrática”, involucrando en el recién finalizado proceso electoral a gran parte de la estructura del Estado, lo cual generó inequidad entre los competidores y restó legitimidad a sus resultados.
En su informe final de la observación electoral 2016, cita entre las violaciones “los acuerdos políticos que garantizaron la repostulación total de los legisladores a cambio de su apoyo para modificar la Constitución de la República, las denuncias de que el Congreso fue convertido en un mercado de compra de votos y un pacto de impunidad mediante el cual el Procurador General de la República renunció a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia de no ha lugar sobre un expediente de corrupción contra el senador Félix Bautista que involucraba irregularidades en el manejo de más de 26 mil millones de pesos”.
También deplora “la parcialidad de una Junta Central Electoral conformada con una mayoría de integrantes provenientes del partido gobernante y sus aliados; la elección de candidatos, casi en todos los partidos, realizada de espaldas a los principios de la democracia y la desigual distribución del financiamiento estatal”.
A su juicio, los partidos de la Liberación Dominicana, Reformista Social Cristiano y Revolucionario Dominicano recibieron el 80 por ciento del financiamiento público, es decir, RD$1,288 millones de pesos, mientras que el Revolucionario Moderno, principal opositor, sólo RD$12 millones.
Otra violación a la institucionalidad, según detalla este informe, fue el incremento del déficit fiscal del gobierno, tanto en el gasto de capital como en el corriente. “El déficit del gobierno alcanzó los 34 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del 2016. El gobierno pagó nominillas y personal transitorio, hasta alcanzar los 27 millones de pesos diarios; en combustibles y lubricantes gastó 11 millones diarios; e igual suma, en publicidad y propaganda”, añade.
Indica: “El gasto en remuneraciones se elevó en el primer trimestre de 2016, en relación al 2015, la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), en 54.6 por ciento, en 677.8 por ciento para personal transitorio, renglón que registró aumento del 211 por ciento en el ministerio de Educación y 68 por ciento en el de Obras Públicas. En Industria y Comercio el pago a personal transitorio fue mayor que las remuneraciones a personal fijo”
Funcionarios dirigían campaña
Participación Ciudadana asegura que dos terceras partes de los altos funcionarios del gobierno dirigían la campaña electoral del PLD en todo el país, con el presidente y la vicepresidenta de la nación, ambos en búsqueda de la reelección, encabezando actos oficiales, inauguraciones y marchas caravanas con cientos de vehículos.
A su juicio, el uso de recursos estatales, incluyendo pago de salarios, dietas y combustibles, registró “dimensiones inocultables”.
Opina que la JCE declinó sus facultades y obvió las más graves violaciones a los principios de libertad, equidad y transparencia. “Apenas adoptó tres resoluciones cautelares en el último tramo de la campaña electoral, como la prohibición del uso de los vehículos estatales en el proselitismo y que los tres medios de comunicación del Estado garantizaran igualdad de acceso a todos los candidatos presidenciales”, dice.
Violaciones a la ley electoral
En cuando a la ley electoral, Participación Ciudadana documentó violaciones a 24 de sus artículos y llegó a la conclusión de que el fracaso de la implementación del sistema de automatización del escrutinio electoral se debió a la falta de gerencia y de tiempo.
Rosario de errores
Participación Ciudadana detalla 20 violaciones a la ley, arbitrariedades, opacidades, descalificaciones, confusiones, divisiones internas en esa institución e improvisaciones que, a su juicio, un presidente de una JCE nunca debería cometer.
Sostiene que de los crímenes y delitos electorales identificados, los principales fueron compras de cédulas, votos, miembros de colegios y delegados políticos; acoso a ciudadanos, la conversión de las elecciones en un libre mercado, campaña electoral en plena jornada de votación, venta de bebidas alcohólicas y delitos en el conteo de los votos.
Proceso de renovación
Considera necesario iniciar un proceso de renovación y reactivación de la sociedad civil “ante una maquinaria gobernante que concentra todos los poderes del Estado”
Indica que es impostergable una serie de reformas políticas y electorales “para evitar las violaciones a la Constitución y las leyes, las inequidades en el financiamiento público, en el uso de los medios de comunicación, las parcialidades de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, el uso de los recursos del Estado y las opacidades que deslegitimaron el pasado proceso electoral en el que resultaron reelectos el Presidente y la Vicepresidenta de la República”.
Estima que ese proceso debe iniciarse rescatando o creando mecanismos de consulta y articulación de los espacios existentes, identificando y estableciendo estrategias comunes de presión que permitan retomar valores y principios democráticos.
“El éxito político que ha obtenido la maquinaria política gobernante, concentrando todos los poderes del Estado, no incentiva las reformas necesarias para restablecer el equilibrio democrático. Sólo una gran presión de las fuerzas sociales, compactadas en torno al objetivo de rescatar la institucionalidad democrática disminuida, y la renovación de partidos y dirigentes políticos, podrá generar las sinergias imprescindibles para retomar el camino del fortalecimiento institucional de la nación”, agrega.
