Los principales sindicatos y organizaciones empresariales de Estados Unidos alcanzaron este fin de semana un acuerdo para crear un nuevo programa de trabajadores extranjeros temporales. El pacto se ha producido dentro de las negociaciones para la reforma de inmigración, que culminaría con la regularización de 11 millones de indocumentados, y está considerado como una de las claves para que ésta salga adelante.
“Este asunto siempre ha roto cualquier consenso entorno a la reforma de inmigración”, reconoció el demócrata Charles Schumer, uno de senadores que negocian la nueva legislación. “Pero eso no ocurrirá esta vez”. Schumer forma parte del conocido como “Grupo de los Ocho” senadores -cuatro demócratas y cuatro republicanos- que desde el pasado mes de enero lideran conversaciones con diversos sectores de la sociedad para acometer la reforma.
El pacto entre sindicatos y empresarios, inalcanzable en anteriores intentos de cambiar el sistema migratorio, supone la creación de un programa para trabajadores temporales con condiciones nunca antes acordadas en EE UU. El nuevo visado -tipo “W”-, permitiría a los inmigrantes trabajar en el país y, al cabo de un año, solicitar un permiso para permanecer de manera legal dentro de sus fronteras. Los trabajadores temporales podrían además cambiar de empleo, algo imposible en la actualidad.
“Tenemos una larga historia de abusos y explotación que ha puesto a los inmigrantes en condiciones cercanas a la esclavitud”, afirma Ana Avendaño, directora de inmigración del sindicato AFL-CIO, principal implicado en el acuerdo. “Cuando comenzamos las negociaciones sabíamos que teníamos que crear algo completamente nuevo”.
Este programa permitiría la entrada de 20.000 trabajadores en el primer año, 35.000 en el segundo, 55.000 en el tercero y 75.000 en el cuarto.
Desde el sindicato afirman que este programa incentivaría también a las compañías a contratar empleados a nivel local, antes de recurrir a trabajadores extranjeros, y ayudaría a las pequeñas empresas, ya que un tercio de los visados -el máximo anual quedaría establecido en 200.000- irán destinados a aquellas con menos de 25 empleados.
El programa incluye la creación de una comisión federal que estudie el mercado laboral -tanto la oferta de empleo como el número de candidatos cualificados- y que determinará el número de visados que se oferten cada año. Cuando las empresas demuestren que no hay candidatos estadounidenses para ese trabajo, entonces podrán anunciarlos a la comisión y a los consulados de EE UU en el extranjero.
Según los detalles compartidos por el sindicato, este programa permitiría la entrada de 20.000 trabajadores en el primer año, 35.000 en el segundo, 55.000 en el tercero y 75.000 en el cuarto. El número de visados anuales fluctuará de acuerdo con las consideraciones de la comisión y en función de la tasa de paro, la oferta de empleo y las demandas de cada sector empresarial.
El presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, anunció las bases del acuerdo este fin de semana atribuyendo su éxito “al fuerte consenso en todo el país acerca de la reforma”. Sus palabras, sin embargo, chocaron a las pocas horas con las del senador Marco Rubio, republicano por el Estado de Florida, quien las calificó de “prematuras”. Según Rubio, para que el proceso llegue a su fin, las negociaciones “no se pueden llevar a cabo con prisas ni en secreto”.
“Creo que nos pondremos de acuerdo con respecto al proyecto de ley, pero esa legislación sólo será el punto de partida”, aseguró Rubio. El senador republicano puso voz así a la preocupación del sector más conservador del partido, que espera su oportunidad para debatir la reforma en la Cámara de Representantes y plantear nuevas exigencias. Hasta ahora, el Grupo de los Ocho ha logrado avances clave para la regularización de los 11 millones de indocumentados que se estima residen en EE UU, los plazos en los que podrán acceder a la ciudadanía o las medidas de seguridad que deben darse en la frontera con México.
El pasado sábado, horas antes de que sindicatos y líderes empresariales confirmaran el acuerdo, el senador Rubio enviaba una carta al presidente del Comité Judicial del Senado, pidiéndole que celebre diversas audiencias acerca de los principales aspectos de la reforma. “Las diferencias entre los senadores deben formar parte de una discusión abierta, delante de los ciudadanos americanos”, afirmó Rubio. “Es especialmente importante que consideremos las propuestas de seguridad en la frontera, que escuchemos el testimonio de los expertos y a la Secretaria de Seguridad Nacional”.
Tras escuchar las palabras de Rubio, Avendaño se muestra optimista con el consenso y espera que la legislación salga adelante: “Tenemos confianza porque sabemos que el pacto es bueno y se mantendrá íntegramente. Las personas que tenían que ponerse de acuerdo ya lo han hecho”. Según la directora, que ha participado activamente en las conversaciones con los senadores, el proceso ha avanzado “a la velocidad de la luz” gracias a que todos los implicados han preferido centrarse en aquellos aspectos del sistema de inmigración que deben mejorar y no en los plazos que cumplir o el momento en que deba aprobarse la reforma. Se espera que el proyecto de ley llegue al Senado la próxima semana y podría ser sometido a votación antes del mes de junio.
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