En
la coincidencia tal vez esté la clave: nada más terminar la retransmisión desde
La Habana del acto en el que Nicolás Maduro y Raúl Castro rubricaron
nuevos acuerdos de cooperación entre Cuba y Venezuela, en los televisores se
hizo ver y oír la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tibisay
Lucena anunció los términos de la “verificación ciudadana” que el organismo realizará
a partir del próximo 6 de mayo de las urnas electorales que se usaron en los comicios
presidenciales del pasado 14 de abril, en los que resultó vencedor Maduro de
acuerdo a los resultados oficiales.
Lucena
no dejó espacio para la sorpresa en su intervención, pregrabada y difundida
este sábado por la noche en cadena nacional de radio y televisión. El
directorio del CNE hará una revisión que en nada atiende a las exigencias
técnicas del solicitante, el comando de campaña de Henrique Capriles. En
particular desoye la petición de revisar los cuadernos de votación,
indispensable, según los técnicos opositores, para determinar si todos los que
votaron en cada mesa electoral fueron quienes debieron hacerlo.
El
presidente Maduro, minutos antes del anuncio durante la clausura de la XIII
sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela, había declarado que
acudía a la capital cubana a ratificar que el Gobierno sigue "por el
camino de Chávez”, lo que fue recibido por aplausos del canciller venezolano,
Elías Jaua, el presidente de la petrolera Pdvsa, Rafael Ramírez, buena parte
del gabinete ministerial de Venezuela, así como del Partido Comunista de la
isla.
Para
seguir el camino de Chávez, sin embargo, Maduro deberá sortear la crisis
política que se originó el mismo 14 de abril por la noche, cuando obtuvo un
triunfo con un margen de apenas un 1,7%. La oposición ha denunciado desde
entonces diversas irregularidades y se ha negado a reconocer al presidente
hasta tanto no se produjera un recuento “voto a voto”.
El
CNE parece ser un aliado fiel del propósito de “normalización” que Maduro
abriga al bloquear la petición de “el ciudadano Capriles”, como Lucena se
empeñó en llamarlo durante su intervención. La presidenta del CNE dijo que era
imposible realizar la revisión en los términos pedidos por la oposición, pues
ni tendría respaldo en la normativa ni contaría con las pruebas necesarias en
los legajos de denuncia presentados por el comando de Capriles.
Lucena
subrayó que, de todas maneras, la ampliación de la “verificación ciudadana”
–una primera fase se realizó el propio 14 de abril en 54% de las mesas-
comparará los comprobantes de votos con las actas correspondientes. Henrique
Capriles ya anticipó que la oposición no participará en una auditoría
limitada o “chucuta”, como la calificó, echando mano a una expresión coloquial
del español de Venezuela. Lucena insistió en remitir a Capriles a presentar sus
reclamos ante elTribunal Supremo Justicia (TSJ), controlado por el oficialismo.
La
presidenta del ente comicial, así como otros dos rectores del total de cinco
que componen el directorio del CNE, termina este domingo su período oficial en
el organismo. Sin embargo, continuará en el cargo mientras se desarrolle la
auditoría y la Asamblea Nacional escoge su sustituto.
Otro
de los rectores, Vicente Díaz –el único en el cuerpo vinculado a la oposición-
había adelantado que aunque él no dispone de ningún elemento para pensar que el
resultado de las elecciones sea distinto al oficial, “saluda y acompaña” el
reclamo de Capriles, al que, dijo, asiste el derecho de impugnar el proceso.
La
impugnación, cuyo plazo para ser introducida vence el mismo 6 de mayo en el que
empieza la auditoría, abre ahora para la oposición una vía tortuosa y cuesta
arriba. Además del sesgo de los magistrados, los mecanismos del sistema
judicial venezolano suelen dilatarse con el previsible efecto de enfriamiento
que eso podría surtir sobre las protestas opositoras.
