Gobierno vendió a 235 pesos el metro cuadrado en Bahía de las Águilas

La venta anticipada en Bahía de las Águilas, realizada mediante contrato directo con el Estado la inició Leonel Fernández en por lo menos un caso conocido, el del inversor italiano Augusto Aldo Meroni. Pero la tapa al pomo en este negocio específico la puso el gobierno del presidente Danilo Medina.

Meroni compró a precio de ganga: 235 pesos el metro cuadrados en la parcela 215-A (215-A-52), aunque por razones que este periódico ignora, solo pudo quedarse con una de las tres porciones de terreno estatal cuya compra había acordado con el entonces presidente Fernández.

En el contrato de compraventa firmado entre Meroni y el entonces director de Bienes Nacionales Elías Wessin Chávez el 20 de diciembre de 2011, quedan establecidas dos cosas: que el Estado es propietario de los terrenos objeto de la transacción y que estos eran objeto de una litis judicial.
Además de la parcela de 43,000 metros cuadrados de la que ahora es “propietario”, Meroni había logrado que el exmandatario le adjudicara otras dos, de 62,500 y 92,000 metros cuadrados, todo por los mismos 235 pesos que la primera. Un verdadero regalo del que hubiera tenido que sentirse imperecederamente agradecido: solo 47 millones de pesos por 200 000 metros cuadrados en esta zona privilegiada.
En la comunicación 00980 del 6 de noviembre del 2012, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, anuncia a Medina la remisión, “para fines constitucionales”, de la resolución que aprueba “el contrato de venta suscrito el 20 de diciembre de 2011, entre el Estado dominicano y el señor Augusto Aldo Meroni, por el cual el primero traspasa al segundo una porción de terreno con una extensión superficial de cuarenta y tres mil metros cuadrados (43,000 Mts ), dentro del ámbito de la parcela No.215-A parte (215-A-52), del distrito catastral No.3, del municipio de Enriquillo, de la provincia de Pedernales, valorada en RD$10,105,000.00”.
En el contrato de compraventa firmado entre Meroni y el entonces director de Bienes Nacionales Elías Wessin Chávez el 20 de diciembre de 2011, quedan establecidas dos cosas: que el Estado es propietario de los terrenos objeto de la transacción y que estos eran objeto de una litis judicial.
El octavo “Por cuanto” del contrato en cuestión grafica la naturaleza espuria de la transacción, cuando se admite que Meroni había adquirido “los derechos litigiosos” sobre esa porción de terreno y había “desinteresado a las personas que han estado como ocupantes de la misma porción de terreno, resolviendo así cualquier conflicto con la comunidad”.
En el segundo artículo del documento, ambas partes reconocen la litis que afecta a los terrenos negociados, por lo que Meroni declara que ejecuta la compra “a su cuenta y riesgo, sin importar el resultado, y bajo el entendido de que en caso de que el Estado sucumba en la misma” no recibirá compensación.
Un dato extraño
El “inversionista” no pago la compra peso sobre peso, pese a la “importancia” de su proyectada inversión. Avanzó cuatro millones mediante el cheque certificado No. 3546085 del Banco Popular Dominicano, del 20 diciembre de 2011, y un acuerdo de financiamiento por el resto que debía ser saldado el 31 de enero de 2012. En caso de improvisto, el plazo sería ampliado hasta el 28 de febrero.

El precio de ganga y esta extraña circunstancia abren la puerta a incontables conjeturas.
En el cuarto artículo del contrato, pese a que la totalidad de la deuda no estaba saldada, el Estado autoriza a Meroni, “como si fuese él mismo”, a solicitar al Tribunal de Tierras apoderado de litis la exclusión de esos terrenos y, con esta exclusión en mano, pedir a la jueza apoderada “presentar conclusiones y hacer los pedimentos que considere convenientes, incluyendo expedición de nuevos Certificados de Titulo libre de litis a favor de EL COMPRADOR”.
La insolvencia coyuntural del “comprador” es incomprensible si se toma en cuenta la envergadura del proyecto, descrito en el contrato de compraventa: “(…) un proyecto turístico que pretende ser desarrollado al más alto nivel, con una baja densidad de 10 habitaciones por hectárea, utilizando materiales amigables con el entorno, ecosustentable y con altas exigencias de respeto al medio ambiente, de gran interés social y económico, incluyendo plantas de tratamiento de agua potalbe y residuales con tecnología de punta que permitirá el reciclaje de las mismas”.
El precio de ganga y esta extraña circunstancia abren la puerta a incontables conjeturas.