Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas y suplidor de Barrick Gold

Patricia Báez Martínez

Cuando el presidente Danilo Medina designó como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones a Gonzalo Castillo Terrero, mediante el artículo 7 del decreto 454-12, la decisión no generó ninguna contradicción; todo lo contrario, el formar parte del reducido grupo de 12 funcionarios que se estrenaban en el tren gubernamental, lo revistió del aura de nuevos tiempos que tanto se ansían en el país.

Sin embargo, cuando en el programa de radio Foro Ciudadano de esta Z101, Hamilk Chahín dió a conocer que Castillo Terrero era suplidor del Estado a través de su empresa Helidosa, se esfumó la presunción de una administración pública bajo la égida del Código de Pautas Éticas anunciado por Danilo Medina en su toma de posesión, el 16 de agosto de 2012, hace apenas siete meses.

¿Quién es Gonzalo Castillo Terrero?

Oriundo de Barahona (Suroeste), se graduó de perito en Electrónica Industrial del Politécnico Loyola, San Cristóbal, en 1980. Luego cursó un postgrado en Electrónica Digital y Microprocesadores en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y en Quebec, Canadá, realizó un post-grado MBA- en Administración de Empresas.

En 1992 fundó Helicópteros Dominicanos S.A. (Helidosa), empresa dedicada al transporte turístico y ejecutivo tipo charter. También es fundador de la Constructora Castillo López y Asociados S.A., empresa dedicada a la construcción y mantenimiento de edificios.

Con 33 años en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) -según él-, fue designado por el hoy presidente Danilo Medina como director de la Comisión Nacional de Finanzas de su candidatura, o sea, que era el encargado de suplir recursos no provenientes de la Junta Central Electoral (JCE) a la campaña del actual presidente, además de coordinar la campaña en cuatro provincias de la región Sur.

“No he conocido a otra gente, a otro político identificado con los ideales del profesor Juan Bosch, para mí, Danilo Medina encarna al profesor Juan Bosch plenamente, y te lo digo sin lugar a equivocarme”, dijo el “hombre de confianza” de Danilo Medina en una entrevista en plena campaña electoral, sin embargo, su accionar empaña la promesa presidencial de un gobierno transparente y ético.

Gobierno, Barrick Gold y Helidosa, una combinación explosiva

Helidosa tiene 15 helicópteros y, dentro de esos, cuenta con el Bell 212 (1,800 kg de peso de carga), matrícula HI 924, adquirido por gestiones del controvertido expiloto del expresidente Leonel Fernández, Harold Manzano, quien en los actuales momentos estaría gestionando en el extranjero otro helicóptero de mayor capacidad con los cuales la empresa brindar a la minera Barrick Gold el servicio de transporte de oro, según una fuente de Z101Digital en el Aeropuerto El Higüero, en donde Helidosa tiene sus hangares.

Aunque es un secreto a voces en los pasillos gubernamentales el conflicto de intereses -conflicto entre los intereses privados y las responsabilidades públicas de una persona con cargos de confianza (Merriam-Webster; 2004 )- que maneja Gonzalo Castillo Terrero por ser ministro de Obras Públicas y propietario de Helidosa, empresa suplidora de la Barrick Gold, la información pasa “desapercibida” en los medios de comunicación.

La Constitución dominicana, en su artículo 135, es clara al precisar que “Los ministros y viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar conflictos de intereses”. Más aún, el párrafo único del artículo 95 de la Constitución establece que el ministro Castillo Terrero podría ser llamado a comparecer ante el Congreso Nacional, hasta emitir un voto de censura y recomendar su cancelación.

“Si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justificada o se consideraran insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad”, dice el párrafo”.

Como si el conflicto de interés del ministro fuera poco, la Barrick Gold y el Poder Ejecutivo en la actualidad mantienen un conflicto económico y legal, suscitado por el expreso interés del Presidente de que el Estado dominicano obtenga mayores beneficios de la explotación y comercialización de los minerales (oro, plata y cobre) de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, que en la actualidad es de apenas el 3.2 por ciento de las ganancias, luego que el ex presidente Leonel Fernández modificara el acuerdo original con la Placer Dome, ese acuerdo, de 2002, estipulaba que el Estado recibiría el 53 por ciento de las ganancias.

Mientras el 27 de febrero Danilo Medina estimaba como inaceptable el contrato con la Barrick Gold, el 4 de marzo el director de comunicaciones de la minera, Jorge Esteva, informaba a través de la prensa que para la Barrick Gold el contrato no estaba en discusión. Es decir, el Presidente invita a la minera a sentarse a negociar de buena fe (de la misma forma que en 2009 se sentó Leonel Fernández para beneficiarla), y la empresa se niega, aferrándose al principio de la seguridad jurídica.

Danilo y el Código de Pautas Éticas

El 16 de agosto de 2012, cuando Danilo Medina tomó posesión anunció la creación de la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental para sustituir a la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, y en el cargo confirmó al conflictivo y cuestionado Marino Vinicio Castillo (Vincho), hoy en tela de juicio por su interés en que el Estado dominicano honre un contrato con el médico dominicano radicado en Miami, Salomón Melgen, para la instalación de Rayos X en los puertos dominicanos. Melgen es primo hermano de los hijos de Vincho Castillo.

En el discurso de toma de posesión, el Presidente expuso que esa dirección “será el órgano responsable de fomentar los comportamientos éticos e íntegros en la Administración Pública. Tendrá potestad para investigar las denuncias de corrupción por el solo rumor público, citar, interrogar, requerir informaciones a entidades públicas y privadas y aplicar sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las que correspondan al Régimen Ético y Disciplinario de la Función Pública y a la Cámara de Cuentas”.

Para rematar, Medina anunció en ese momento la entrada en vigor del Código de Pautas Éticas:

“Un Código de Ética que suscribirán todos los servidores públicos al momento de ser designados en altos cargos, donde cada designado o designada asumirá un compromiso ante mí y ante la sociedad dominicana, a través del cual se establecen las normas básicas de comportamiento que aceptarán cumplir por el solo hecho de ser designados”.